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El pasado 23 de diciembre de 2008 se public√≥ en el B.O.E. num 308 el RD 2090/2008 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. La entrada en vigor de este RD tendr√° repercusiones en el sector de la Gesti√≥n de Residuos ya que √©ste se encuentra incluido dentro del Anexo III de la Ley 26/2007, lo que implica la obligatoriedad de realizar un An√°lisis de Riesgos Medioambientales en la empresa, as√≠ como, en funci√≥n de su resultado, la posible obligaci√≥n de establecer una garant√≠a financiera que sufrague los costes de la reparaci√≥n de un posible da√Īo ambiental.

El objetivo final es que las empresas respondan de los posibles da√Īos que puedan causar a su entorno. En este sentido, la ley se centra en el da√Īo a recursos naturales medioambientales. Si alguna compa√Ī√≠a causa alguno de los da√Īos medioambientales contemplados en la normativa, estar√° obligada a devolver el recurso da√Īado a su situaci√≥n inicial o, en caso de no ser posible, compensar el da√Īo mediante otras acciones en otros lugares.

Mediante esta nueva ley se hacen efectivos dos principios fundamentales de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente: el principio de prevenci√≥n y el principio de ¬ęquien contamina paga¬Ľ.

En este sentido, la publicación de la norma UNE 150008 constituye un instrumento válido y normalizado para la aplicación efectiva del nuevo régimen de responsabilidad ambiental, ya que describe el método para analizar y evaluar el riesgo ambiental de las empresas y administraciones y, por otro, establece las bases para que las organizaciones pueden llevar a cabo una gestión eficaz del mismo y así poder tomar las decisiones más adecuadas sobre esos riesgos.

La entrada en vigor de este RD tendr√° repercusiones en el sector de la Gesti√≥n de Residuos, ya que √©ste se encuentra incluido dentro del Anexo III de la Ley 26/2007, lo que implica la obligatoriedad de realizar un An√°lisis de Riesgos Medioambientales en la empresa, as√≠ como, en funci√≥n de su resultado, la posible obligaci√≥n de establecer una garant√≠a financiera que sufrague los costes de la reparaci√≥n de un posible da√Īo ambiental.

El RD establece de manera espec√≠fica la metodolog√≠a a seguir para la determinaci√≥n, cuantificaci√≥n e intensidad del da√Īo ambiental, as√≠ como para el establecimiento de las medidas reparadoras (primaria, complementaria o compensatoria) y de la garant√≠a financiera. Por otra parte, se establecen mecanismos de flexibilizaci√≥n para la realizaci√≥n de an√°lisis de riesgos sectoriales que puedan servir de base posteriormente para las empresas.

El objetivo final es que las empresas respondan de los posibles da√Īos que puedan causar a determinados recursos naturales. En este sentido, la ley se centra en el da√Īo ecol√≥gico puro, consistente en el da√Īo a recursos naturales medioambientales, ya sean de naturaleza p√ļblica o privada. Si alguna compa√Ī√≠a causa alguno de los da√Īos medioambientales contemplados en la normativa, estar√° obligada a devolver el recurso da√Īado a su situaci√≥n inicial o, en caso de no ser posible, compensar el da√Īo mediante otras acciones en otros lugares.

Mediante esta nueva ley se hacen efectivos dos principios fundamentales de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente: el principio de prevenci√≥n y el principio de ¬ęquien contamina paga¬Ľ. As√≠, la normativa establece un doble sistema de responsabilidad objetiva y por culpa.

Existen unas determinadas actividades, que por incurrir en m√°s riesgos, ya quedan incluidas a priori en un anexo de la Ley, enmarcadas adem√°s en un r√©gimen legal m√°s riguroso. Estas mismas actividades est√°n sujetas a una presunci√≥n de causalidad, que establece que si una actividad incluida en ese anexo es id√≥nea para causar el da√Īo se considera que lo ha causado aunque no haya sucedido realmente. La norma admite pruebas que rebatan este principio de causalidad pero sin especificar qu√© prueba es necesaria para desactivar la presunci√≥n.

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En este sentido, la publicación de la norma UNE 150008 constituye un instrumento válido y normalizado para la aplicación efectiva del nuevo régimen de responsabilidad ambiental, ya que describe el método para analizar y evaluar el riesgo ambiental de las empresas y administraciones y, por otro, establece las bases para que las organizaciones pueden llevar a cabo una gestión eficaz del mismo y así poder tomar las decisiones más adecuadas sobre esos riesgos.

Las Comunidades Aut√≥nomas son las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de la ley. √önicamente pasar√° a ser el Estado la administraci√≥n competente si los da√Īos se producen en el dominio p√ļblico de titularidad estatal, el dominio p√ļblico mar√≠timo-terrestre o el dominio p√ļblico hidr√°ulico.

La nueva ley no contempla efectos retroactivos y no exime de otras exigencias y responsabilidades de car√°cter penal o administrativo.